TODO POR EL ORDEN PÚBLICO

El jueves pasado, al finalizar 48 horas de paro nacional, un adolescente de 16 años, Manuel Gutiérrez, fue asesinado por un carabinero de Macul. Fue el trágico corolario de dos jornadas de movilizaciones masivas, de cacerolazos, de muchas manifestaciones más y menos violentas y de numerosos actos represivos por parte de las policías: las barricadas en la población La Pincoya fueron duramente combatidas por carabineros y un funcionario terminó herido a bala la noche del 25; ese día en la madrugada 3 casas de La Victoria, entre ellas la de la alcaldesa de la comuna, y un canal de televisión comunitario fueron allanados violentamente por la policía y sin causas aparentes, y, en el hecho más grave, es muerto este adolescente que caminaba, junto a su hermano en silla de rueda, por las cercanías de una esquina donde ocurrían algunos desmanes.
La muerte de Manuel Gutiérrez impactó inmediatamente, sobre todo porque desde el principio todos los indicios señalaron que el culpable del asesinato era un carabinero. La familia y los testigos lo dijeron con claridad desde el primer momento. Pero ahí vino la mayor insensatez de los últimos tiempos: el segundo jefe de la zona metropolitana, general Sergio Gajardo, indicó que la institución no investigaría el hecho porque él descartaba “de plano” la participación de uno de sus hombres en la muerte de Gutiérrez. Paralelamente, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llamó a “no especular”. Reguero de fuego para la familia y la opinión pública, aumentado por versiones de prensa oficialista que el fin de semana hablaban de que el menor habría muerto “por un ajuste de cuentas” o por un asalto en una gasolinería del sector.
Este lunes la presión se hizo insostenible y Carabineros tuvo que reconocer que un hombre de sus filas estaba involucrado en el hecho y que lo habían dado de baja. Se trata de Miguel Millacura, quien la noche del jueves 25 no estaba ni siquiera de servicio y se fue a meter, por propia decisión, a disolver la manifestación de Macul. Diijo que había disparado al aire… luego dice que disparó “en diagonal”. Carabineros cortó por lo sano y lo dio de baja, pero al finalizar la tarde también habían sido dados de baja sus superiores inmediatos y se le había pedido la renuncia al insensato de Sergio Gajardo.
¿Y el general Gordon? ¿Y el Ministro del Interior? Desde el mismo jueves, pero sobre todo desde el lunes, la presión por la renuncia de Gordon y Hinzpeter ha ido en aumento. Ellos no se dan por enterados. El general Gordon ha salido dando el pésame a la familia de Gutiérrez y nada más. Hinzpeter ha pedido “no politizar” el caso y Chadwick ha dicho que “no tiene fundamentos” el pedido de renuncia al Ministro del Interior. Como es comprensible, la indignación sigue creciendo.
Ahora bien, Gordon y Hinzpeter deben renunciar porque la muerte de Gutiérrez viene a ser el último eslabón, la consecuencia obvia y trágica, de la terrorífica política de “establecimiento del orden público” que han establecido desde el Ministerio del Interior. El absurdo caso Mohamed Saif y el patético y aún no resuelto “Caso bombas” fueron los primeros eslabones de una política siniestra de seguridad pública. La política de represión en la Araucanía, con huelga de hambre de los comuneros de por medio, agrava aún más la política emanada desde La Moneda. Y en el marco de las movilizaciones sociales, desde las primeras manifestaciones contra Hidroaysén las marchas populares han sido fuertemente reprimidas. En mayo, además, una joven recibió una bomba lacrimógena en pleno ojo en Concepción y Rodrigo Hinzpeter realizó una investigación “científica” de 48 horas para descartar que esas bombas tenían efectos abortivos. Así que démosle no más. El 04 de agosto, por su parte, será recordado como el día más negro en la ciudad de Santiago, cuando Carabineros simplemente violó los derechos civiles más elementales, como son la libre movilización. Ese día fue una larga y extenuante jornada de choque entre estudiantes y personas que buscaban manifestarse y carabineros que reprimían violentamente a cualquier persona que osara caminar por la vereda del centro de Santiago. Nunca fueron aclaradas las imágenes con lacrimógenas cayendo, supuestamente, desde un helicóptero institucional, el porqué carabineros disparó lacrimógenas hacia el interior de casas de gente que esa noche pacíficamente caceroleaba en Providencia y la brutalidad de la represión de los cacerolazos en Plaza Ñuñoa y en Plaza Brasil.
Suma y sigue. El 25 de agosto la jornada ya había sido indignante con los allanamientos en La Victoria y con las imágenes de un carabinero tirando, de manera absolutamente gratuita, una lacrimógena al interior del Sindicato de carteros, en Santiago centro.

Y todo concluye de la peor manera, con la muerte de Gutiérrez. Rabia, estupor, impotencia. Y el señor Hinzpeter y el señor Gordon, impávidos, como si aquí no pasara nada.
La triste verdad de las cosas es que estos gestos de indiferencia y soberbia no son solo propios de este gobierno, como muchos se apuran en precisar. Este miércoles se discute en el Senado una acusación constitucional contra Hinzpeter, por los hechos del 4 de agosto, y hasta el lunes la acusación había perdido fuerza, pero dados los últimos acontecimientos, la Concertación se ha alineado para impulsar la propuesta. Perfecto, pero no podemos jamás olvidar que el accionar de ellos como gobierno dejó mucho, muchísimo que desear en este mismo plano. En la zona de la Araucanía hay tres muertos civiles en manos de carabineros, cuyas responsabilidades están completamente establecidas, como lo señala Luis García Huidobro en el este blog, y finalmente nunca un Ministro del Interior renunció por ese motivo (ni Pérez Yoma ni Harboe ni Velasco) y hoy en día los carabineros involucrados cumplen penas irrisorias o ya están libres.
Así dadas las cosas, solo queda que la indignación y la desconfianza aumente. Hasta que Hinzpter, Gordon o algún pez gordo de verdad asuma su responsabilidad en todo esto. Y hasta que haya un cambio radical en la manera de proceder de carabineros y en la en que se planifica la “mantención del orden público”.

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